Desde la Fundación Patrimonio Mixto manifestamos nuestro rotundo rechazo a la militarización y violencia contra la movilización pacífica de jóvenes, trabajadores, estudiantes, sindicalistas, indígenas y de la sociedad civil en general, que desde el 28 de abril se presenta en varias partes de Colombia. Rechazamos el accionar violento y sistemático que han implementado las fuerzas policiales del país contra el pueblo colombiano que de forma pacífica ha salido a las calles a marchar en contra de la asfixiante política económica y social planteada por el gobierno de Iván Duque, la cual continúa reproduciendo los modelos de desigualdad que por décadas -y atizados por la creciente corrupción- han azotado a nuestro país.
La miopía del Estado colombiano frente a la realidad social del país no es nueva, sin embargo la negligencia del actual gobierno frente a los centenares de líderes sociales asesinados, frente a la continua desfinanciación de la educación pública, el incumplimiento y constante debilitamiento de los Acuerdos de Paz concentrándose en ataques que deslegitiman la misión de la JEP, constituyen prácticas sistemáticas que socavan la perspectiva de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, reparación y del Estado social de derecho en su conjunto . Adicionalmente el Estado colombiano ha tenido uno de los peores desempeños en Latinoamérica, con las decisiones de salud pública tomadas para frenar y mitigar los efectos de la pandemia sufrida por el COVID-19, lo que se ha traducido en malestar generalizado en la población colombiana que en los últimos días se ha movilizado a las calles en busca de un cambio.
Las movilizaciones que se dan en el marco del paro nacional convocado desde el 28 de abril son una continuación de los procesos de movilización que se iniciaron desde septiembre del 2019. En ese momento y justo como ahora, la respuesta del Estado colombiano ha sido violenta y represiva, nos solidarizamos y unimos a la población colombiana que sale a las calles y se manifiesta en la búsqueda de condiciones de vida digna para todos los colombianos. Ante la indiferencia, indolencia y complicidad del Estado en estos momentos de incertidumbre y riesgo público para nuestros compatriotas marchantes, nos solidarizamos y manifestamos nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la población civil y exigimos como ciudadanos se respete el derecho a la protesta.